Cura de control (4)

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Lourdes Postiglione, técnico en formación de reconocida trayectoria y que participa en los cursos de formación que realizan los sindicatos desde el sector privado, habla del control al que están sometidos los fondos destinados a este fin: “Hasta hace cinco o seis años, las auditorias externas de los cursos las hacían empresas que elegían los propios sindicatos”, dice para poner el acento en el grado de discrecionalidad que se podía aplicar a la justificación de los dineros públicos destinados a la formación.

Ahora, según indica también Postiglione, “cada plan de formación que se obtiene por concurso, lleva aparajedo una auditoría a cargo del Gobierno de Canarias”. El caso es distinto, tal y como apunta la técnico, en lo que se refiere a la formación bonificada, “donde los controles se realizan con posterioridad a los cursos” permitiendo así a las organizaciones empresariales aplicar cierta dosis de picaresca a la hora de su justificación. ¿En que consiste tal picaresca? Pues en algo tan sencillo, y al tiempo tan ilegal y caciquil, como hacer firmar a los trabajadores por cursos de formación que no han recibido.

En todo caso, los controles se han intensificado a raíz del reiterado caso Icfem cuya repercusión sobre la credibilidad y fiabilidad de la clase gubernamental ha hecho ponerse las pilas a los poderes públicos en la mejora del cumplimiento de su ineludible obligación de vigilar el buen uso de los presupuestos, elemento esencial en la defensa del interés general.

Postiglione está hablando de los cursos que se financian con las cuotas de trabajadores y empresarios y que reparte el Servicio Canario de Empleo (SCE) con fondos previamente distribuidos por la Fundación Tripartita, organismo de alcance nacional que conforman el Gobierno y los agentes sociales y que se encarga de gestionar el destino de los créditos para formación procedentes de las cuotas que satisfacen empresarios y trabajadores para tal fin. El SCE ha repartido este año 6 millones de euros entre sindicatos, organizaciones empresariales y, por primera vez, centros de formación, que sólo acceden a una ínfima parte de pastel (menos del 10%)

El favoritismo a la hora de repartir estos cursos es, según Lourdes Postiglione, la tónica habitual. Los sindicatos minoritarios, como USO e Intersindical Canaria, reclaman cada año el reparto que se decide en la Funcatra, la hijuela canaria de la Fundación Tripartita, cuyas funciones son asimilables al organismo nacional con tan solo sustituir las siglas SEPE por las del SCE.

Pero Javier Fernández, secretario de Formación de CC.OO., desmiente las afirmaciones de Lourdes Postiglioni. “Se acude a los planes en libre concurrencia y hay que justificar hasta el último céntimo; a día de hoy hasta el 80% de las acciones formativas son visitadas” lo que, según asegura, hace “muy complicado” que un sindicato se financie en base a los cursos de formación que imparte directa o indirectamente.

Fernández añade además que entre el 70% y el 80% de estos cursos van a parar finalmente a los centros privados de enseñanza,”porque muchos empresarios son propietarios de centros de formación” y además exige con contundencia a las administraciones que fiscalicen a los empresarios “con la misma intensidad” que lo hacen con los representantes de los trabajadores.

El dirigente sindical tampoco se muestra conforme con la reivindicación de los centros de enseñanza de participar en el reparto de fondos para la formación de ocupados como a los que nos estamos refiriendo. “No son representativos”, dice, “lo somos los sindicatos y las organizaciones empresariales, tal y como recoge la Constitución Española, y somos nosotros los que debemos decidir el destino que se le da a estas cantidades”.

Postiglione y Javier Fernández difieren en un aspecto más. Postiglioni niega que los sindicatos, incluso los mayoritarios como UGT y CC.OO, puedan mantenerse  con las cuotas de sus propios afiliados sin recurrir a otra clase de artificios, “y menos ahora” con tan altísima tasa de desempleo. Por el contrario, Fernández se muestra rotundo al afirmar que CC.OO. se financia prácticamente al 100% con las cuotas de sus afiliados, “más alguna que otra subvención”.

La contradicción es evidente. La receta de la técnico para “limpiar todo esto” es que los  cursos de formación vayan pasando a manos del sector privado. La respuesta del sindicalista no se hace esperar: “Los centros de enseñanza no representan a nadie”. ¿Si las espadas siguen en pie de guerra es por lo cuculento del botín?

Nota: Este post forma parte de un reportaje de cinco tomas. Las entradas anteriores las puedes ver en estos enlaces:

https://carmenmerino.wordpress.com/2013/05/23/disparando-a-la-nube-1/

https://carmenmerino.wordpress.com/2013/05/23/un-agujero-negro-2/

https://carmenmerino.wordpress.com/2013/05/23/organismos-adaptativos3/

Para leer la última entrada del reportaje puedes utilizar este enlace:

https://carmenmerino.wordpress.com/2013/05/23/un-per-canario-y-5/

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