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Los principales actores en el escenario donde se desarrolla el drama de la formación para el empleo en Canarias son las propias administraciones (central, autonómica y local) y los agentes sociales (organizaciones empresariales y sindicales), todos ellos organismos altamente adaptativos a la afluencia de dinero público sin necesidad de hacerse demasiadas preguntas o realizar sesudos planeamientos.

El secretario de Formación de CC.OO. en Canarias, Javier Fernández, no cree que lo invertido en formación  para el empleo en las últimas décadas, cifra que aunque se sabe abultada sigue siendo un misterio, haya caído «en saco roto». «Los trabajadores siguen creyendo en la formación para encontrar empleo», dice, «especialmente en la formación certificable, que son los cursos incluidos en el Catálogo Nacional de Cualificaciones y que son la mayoría de los que nosotros impartimos».

En todo caso, la exigencia de certificabilidad según los estándares nacionales de la que habla Fernández, y que obliga a aquellos que imparten cursos de formación a garantizar un determinado nivel de la calidad en los mismos, no se implantó hasta el año 2010. Y a día de hoy todavía se imparten infinidad de cursos subvencionados con dinero público sobre materias tan poco certificables en términos de empleabilidad como «La gestión de las emociones».

Pero Javier Fernández asegura que la mayor parte de los recursos para formación que ha manejado el sindicato que representa se han aplicado al reciclaje de jóvenes sin estudios procedentes del mundo de la hostelería. Se trata en buena medida de la hornada de jóvenes que dejó los estudios reglados -y entró de cabeza en nuestras sonrojantes cifras de fracaso escolar – para incorporarse al sector de la construcción y de los servicios en los años del boom que ahora reconocemos como meramente financiero más que económico.

Como Javier Fernández, nadie se atreve a argumentar contra la formación en situaciones de paro como las que vive el país, y en especial Canarias. Sin embargo, tampoco nadie es capaz de certificar la eficacia sobre el empleo de los cursos que, fundamentalmente, imparten sindicatos y organizaciones empresariales, además de los centros privados de enseñanza, a los que en ocasiones ambos subcontratan para impartirlos. No es el caso de CC.OO., el sindicato con mayor representatividad entre los trabajadores y que cuenta desde 1992 con su propia fundación, Forem, para impartir cursos de formación, mantiene sus propios locales y, salvo excepciones, tiene profesorado propio.

El caso de la fundación hómonima de Forem (CC.OO) en UGT, Fundescan, es precisamente un ejemplo, mal ejemplo tal y como se cita en este artículo, de porqué está en entredicho el buen uso de los fondos de formación que gestionan sindicatos y organizaciones empresariales.

Entre los años 2000 y 2010, los agentes sociales obtuvieron alrededor de 200 millones de euros para cursos de formación, pero según publicó La Provincia en diciembre de 2010, solo uno de cada 10 desempleados consiguió un puesto de trabajo acorde con el curso que recibió. A fecha de hoy, y con el mercado expulsando trabajadores a toda velocidad, ni siquiera cifras tan modestas resultan sostenibles.

¿Y de dónde sale la impresión generalizada, a veces formulada abiertamente como acusación, de que sindicatos y organizaciones empresariales hacen uso de los fondos dedicados a los cursos de formación para su propia financiación? De que ambos parecen haber puesto en marcha todos sus mecanismos adaptativos para sacar partido de esta actividad en orden a su viabilidad financiera.

Entre los sindicatos porque los cursos de formación permiten dar empleo y sueldo a muchos afiliados comprometidos con la causa que no alcanzan la posición de liberados, además de  crear toda una estructura que hace dependientes del sindicato a los desocupados. Entre los empresarios porque se convierten en juez y parte del reparto de cursos entre las empresas privadas que son socias de la organización. Tanto que una de las formas de animar a participar en este tipo de organizaciones empresariales a los centros privados de enseñanza, según fuentes de los propios centros, es precisamente la promesa de acceder a la subcontratación de los cursos de formación.

Las organizaciones empresariales, en concreto la CEOE tinerfeña, dan la callada por respuesta cuando se les piden explicaciones sobre el buen uso de los fondos para la formación a los que tienen acceso. Dineros que manejan por partida doble en su caso, porque las organizaciones empresariales también tienen en su mano la gestión de la llamada formación bonificada, que les permite acceder a fondos que proceden de las cotizaciones de las propias empresas si plantean planes de reciclaje profesional de su personal, y que se diluyen en las arcas del Estado si no hacen uso de ellos. Es ahí donde, según fuentes sindicales, obtienen las organizaciones empresariales buena parte de su tajada de financiación propia con cargo a la formación de los trabajadores.