Círculo negro (Kasimir Malevich, 1913)

El Plan Integral de Empleo (PIEC) fue fruto de la astucia que, en la década de los 90, llevo a los gobiernos  nacionalistas de Coalición Canaria (CC) a hacer uso de su privilegiada posición estratégica en la política nacional para introducir todos los déficits, estructurales y  no estructurales, que padecía y padece el Archipiélago en esa norma que fundamental que es para las Islas su Régimen Económico y Fiscal (REF). La última modificación de esta ley, realizada en 1994, incorpora una Disposición transitoria sexta: Fomento del Empleo que dice lo siguiente: «A los efectos señalados en el artículo 21 de la presente Ley y teniendo en cuenta lo elevado de la tasa de desempleo en el Archipiélago, el Gobierno de la Nación y el Gobierno de Canarias coordinarán sus esfuerzos y recursos, al objeto de promocionar al máximo el empleo. Para dicha promoción tendrán la consideración de recursos básicos los siguientes: las inversiones a desarrollar por el Estado y la Comunidad Autónoma; los convenios entre el INEM, la Comunidad Autónoma y las Corporaciones locales; los fondos que integran los planes en materia de empleo de la Comunidad Autónoma y las aportaciones de los marcos comunitarios de apoyo; sin perjuicio de otros que pudieran destinarse”

Esta es la percha que sirvió para colgar el PIEC, que no adquirió forma y financiación hasta 1996, con el primer Gobierno de José María Aznar y el acuerdo que para su investidura alcanzó con el Gobierno de CC presidido por Manuel Hermoso, entonces también socio del Partido Popular (PP) en Canarias. Así explicaba el PIEC en el Consejo de Ministros que se celebró en el Archipiélago en noviembre de 1996 para celebrar tal acuerdo el entonces ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy: «El Plan Integral de Empleo de Canarias es un plan que pretende concretarse en políticas y en estrategias coherentes para favorecer el crecimiento económico y, en consecuencia, la creación de nuevos empleos. Es importante porque no estamos ante una acción de subsidios, sino ante una acción de favorecimiento del crecimiento económico y de creación de nuevos empleos; por tanto, estamos ante políticas activas».

A raíz de ahí empiezan a tomar forma los sucesivos planes integrales de empleo, todavía en vigencia en su cuarta edición, y en base a ellos comienzan a llegar a las islas ingentes fondos para la formación de desempleados,en parte procedentes de la Unión Europa (UE) a través del Fondo Social Europeo. La dotación para 1997 fue de nada más y nada menos que 20.000 millones de pesetas, una cifra que dejó a muchos atónitos y a todos satisfechos y se fue renovando durante los siguientes años.

Pero la estructura administrativa de los sucesivos gobiernos autonómicos, envueltos en permanentes crisis políticas, era incapaz de gestionar adecuadamente tan ingente cantidad de dinero. Esta es la génesis, el levantamiento de todo tipo de controles para permitir que siguieran llegando fondos y no se cortara el grifo del maná nacional y comunitario por falta de capacidad de gestión, lo que dio pie al citado caso Icfem, que fue llevado ante el organismo de la Lucha contra el Fraude de la Unión Europea (UE) por el eurodiputado del PP Fernando Fernández en el año 2000 y aún ronda por los vericuetos de la Justicia española.

Pero, ¿es posible evaluar la eficacia de la financiación aplicada a la formación para el empleo procedente del PIEC y otros fondos en todos estos años? Porque lo que cabe esperar de este tipo de políticas públicas, como indica el secretario general del Consejo Económico y Social (CES) de Canarias, Carlos J. Valcárcel, es que el incremento de la formación «se deje notar al menos en los nichos de la actividad económica donde se desarrolla el empleo”.

El dirigente del CES reconoce las dificultades para evaluar este tipo de planes, pero también señala cómo desde el organismo en el que ocupa el cargo de secretario general se le ha pedido al Gobierno de Canarias reiteradamente que “incorpore criterios de evaluación y seguimiento” de los planes que pone en funcionamiento. Aunque, como admite Valcárcel, este caso no es tan especial como pudiera parecerlo y  la evaluación de la eficacia de las políticas públicas es “un agujero negro” del que no se salva ninguna de las acciones que se toman desde los poderes ejecuctivos

El periódico Canarias7 titulaba hace unas semanas a toda plana en su edición de papel: “O hacemos algo o el desempleo nos come”. Desgraciadamente, la formación no está relacionada directamente con el empleabilidad, máxime en un país donde nunca se ha logrado que la formación profesional, reglada o no, se adecue verdaderamente a la demanda del sector productivo, tal y como admite la ex consejera de Educación del Gobierno de Canarias Milagros Luis Brito. Pero desde que se implementó el primer PIEC, en al año 1996, no solo se ha tenido tiempo más que suficiente para hacer algo, sino que además se ha gastado muchísimo dinero sin que, aparentemente, se haya producido rentabilidad alguna. ¿Dónde está pues el misterio?

Nota: Este post forma parte de un reportaje de cinco tomas. Puedes acceder a la primera de las entradas a través de este enlace:

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https://carmenmerino.wordpress.com/2013/05/23/cura-de-control-4/

https://carmenmerino.wordpress.com/2013/05/23/un-per-canario-y-5/